El proyecto incorporó una ampliación de los instrumentos de garantía que servirán al inquilino para ingresar a una propiedad.
El proyecto de reforma a la ley de alquileres, que apunta a reducir el costo de la firma de contratos de locación y eliminar multas a los inquilinos, entre otros puntos, sería tratado en el recinto de la Cámara de Diputados a fines de octubre o principios de noviembre, una vez que el cuerpo sancione el Presupuesto 2019.
Así lo confirmó a Télam el presidente de la comisión de Legislación General de la Cámara baja, Daniel Lipovetzky (PRO), quien anticipó que la intención del oficialismo es tratar el proyecto de reforma la ley de alquileres en la sesión posterior a la aprobación del Presupuesto 2019, lo que podría ocurrir el próximo miércoles 24.
“El proyecto de alquileres sería tratado en el recinto de la Cámara baja en la sesión siguiente a la de Presupuesto, junto con otros temas pendientes”, aseguró el diputado del PRO.
El presidente Mauricio Macri había pedido la semana pasada la elaboración de una nueva ley de alquileres, y que el Congreso “avance pronto” en su aprobación, al afirmar que “estamos trabajando para cuidar a todos aquellos que alquilan, y que hoy sienten también que les falta previsibilidad, y que no saben si van a poder seguir pagando sus alquileres”, al anunciar medidas para reforzar el Plan Nacional de Vivienda.
De hecho, la iniciativa, que recibió dictamen el martes pasado en la comisión de Legislación General, incorporó una serie de modificaciones al proyecto aprobado por el Senado en 2016, y que fue tomado como base del despacho junto con otras iniciativas impulsadas por diputados de diferentes bloques.
Por lo tanto, si resulta aprobado en la Cámara de Diputados, el proyecto deberá volver a la Cámara alta para la sanción definitiva.
En el proyecto, que implica modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación, se incorporó una ampliación de los instrumentos de garantía que servirán al inquilino para ingresar a una propiedad.
Los instrumentos van desde una garantía real, aval bancario, seguro de caución; garantía personal del locatario o del fiador, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos, o cualquier otro medio fehaciente y cualquier otra que resulte satisfactoria a criterio del locador.
Si bien la aprobación del Senado elevaba a tres años la duración de los contratos de locación, el dictamen firmado el martes mantiene el plazo en dos años.
Entre otras cuestiones, la iniciativa establece además un mecanismo de actualización semestral para los contratos de alquileres -el Senado había votado un reajuste anual-, con un valor que resultará de un promedio entre la inflación (IPC) y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), medidos por el Indec.